La política de los 90 y la alegría encapsulada

La transición política a la democracia supuso un cambio en el gobierno pero no una transferencia equivalente del poder, que siguió, en buena parte, en manos de Pinochet, de los partidos identificados con su legado y de los llamados poderes fácticos. La política se encerró en los corredores del poder político, militar y empresarial, dejando de lado la movilización en las calles y la ebullición de la sociedad civil.

Por Claudio Fuentes S.

Suele decirse que la década de los 90 comenzó el 11 de marzo de 1990 cuando se realizó la transferencia formal de gobierno del general Augusto Pinochet a al presidente Patricio Aylwin. Sin embargo, políticamente esa década partió unos meses antes. A fines de mayo de 1989, el general Pinochet apareció en una de sus rutinarias cadenas de radio y televisión anunciando que se había alcanzado un consenso con la oposición para realizar perfeccionamientos al texto constitucional. Anunció que en el mes de julio se realizaría un plebiscito para ratificar algunas reformas a la Constitución.

En la coalición de oposición existía desazón. Durante varios meses los partidos de la Concertación y de Renovación Nacional habían negociado un paquete de reformas constitucionales que fueron presentadas al régimen militar. El ministro del Interior de aquel entonces, Carlos Cáceres, recibió las propuestas. Sin embargo, casi ninguna de ellas fue aceptada. En efecto, se mantendrían inmutables una serie de cuestiones centrales demandadas por la oposición como reformar el Tribunal Constitucional, cambiar el sistema binominal, reducir los quórums especiales, eliminar las leyes orgánicas, acabar con los senadores designados y reducir las funciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros.

En la reunión clave de la Concertación donde se debía zanjar el asunto, Patricio Aylwin sostuvo que si bien las propuestas de reforma que dio a conocer Pinochet eran limitadas, no se podía arriesgar el proceso de transición en este momento tan crucial. Se debía participar del plebiscito y aprobar las reformas.

Ricardo Lagos entonces pidió la palabra y lo refutó. Sostuvo que con este plebiscito se legitimaría la Constitución de Pinochet y se impedirían las reformas posteriores.

Los ánimos se tensaron pero al final de la jornada acordaron que se aceptaría participar de ese evento pues una batalla interna sobre esas reformas quebraría la Concertación.

El dilema que enfrentaba la oposición no era sencillo. Para uno de los principales actores de la época, Edgardo Boeninger, si no se lograba un mínimo de reformas el gobierno de Aylwin enfrentaría “la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una Asamblea Constituyente, para lo cual, a falta de consenso político y mayoría parlamentaria, habría tenido que recurrir a la presión social, con el consiguiente clima de confrontación e inestabilidad”. Y la Concertación no quería eso.

Aunque las propuestas eran evidentemente insuficientes, la decisión de la entonces oposición fue clara y definitiva. Se debía aceptar participar de ese plebiscito. Continúa el relato de Boeninger: “consciente de lo que estaba ocurriendo, (la Concertación) tuvo que adoptar una decisión política de enorme trascendencia: o rechazaba la propuesta gubernativa por insuficiente (…) o se conformaba con una reforma sustancialmente más modesta, para evitar la prolongación del conflicto constitucional al período de gobierno que se iniciaría en marzo de 1990, aceptando las consiguientes limitaciones a la soberanía popular y al poder de la mayoría (…) El factor crucial en la aprobación unánime por la Concertación del paquete plebiscitado fue la convicción de que lo fundamental era asegurar la transferencia del gobierno, aunque no se lograra la simultánea y equivalente transferencia del poder”.

Transición de gobierno sin transición de poder. Eso fue la década de los 90. Aunque muchos analistas insistieron en dar tempranamente por finalizada la transición, las condiciones políticas demostrarían que aquel proceso nunca terminó de cerrarse.

Pinochet seguiría siendo un actor extremadamente relevante y las limitaciones políticas marcaron los primeros años de post-dictadura. En un contexto donde la institucionalidad no reflejaba la real expresión de las mayorías, surgieron “los poderes fácticos”.

Así las cosas,  el escenario político de los 90 quedó definido incluso antes de dar inicio a aquella década. Volvamos a Boeninger: “Aprobadas las reformas convenidas en el plebiscito del 30 de julio, el gobierno de Aylwin iniciaría su mandato con importantes tareas constitucionales pendientes, pero cumplido el objetivo de acatamiento universal a la constitución reformada”.  La transición quedaba atada a la Constitución de Pinochet y al devenir de los poderes fácticos que acompañarían el delicado equilibrio de una democracia recién inaugurada.

Pinochet, el omnipresente

Si hay una característica distintiva del proceso político de los 90 es la presencia onmipresente del general Pinochet.

¿Qué democracia se inaugura entregándole al ex dictador el monopolio de las armas? ¿Qué democracia le permitiría a un ex dictador mantenerse como senador de por vida? No existía precedente para tal inusual circunstancia.

Y Pinochet lo reiteraría en varias ocasiones. En 1989 aseguró: “tengo mis aprensiones y por eso me quedo como comandante en jefe del Ejército. No para promover golpes o hacer gobiernos paralelos con el fin de molestar o no dejar gobernar … me quedo para resguardar la institucionalidad como me lo pide la Constitución”. Un año más tarde reiteraría que “me quedo para que mi gente esté tranquila”.

En efecto, a fines de agosto de 1989, Pinochet haría explícitos una serie de requerimientos a las autoridades que asumirían el poder incluyendo mantener la ley de amnistía, preservar la inamovilidad de los comandantes en jefe, evitar la “lucha de clases”, respetar las opiniones del Consejo de Seguridad Nacional y la judicatura militar, entre otras materias.

Uno de los primeros actos del nuevo gobierno fue establecer una Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar y documentar violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

La respuesta de Pinochet fue categórica: “de los derechos humanos me preocupo yo. Tengo 80 mil hombres armados. Yo tengo la solución”.  Pinochet se consideraba como el mejor garante de la impunidad.

El año 1990 terminaría con el acuartelamiento del Ejército en lo que se denominó el “ejercicio de enlace”, una medida de presión de los militares respecto de una investigación que estaba llevando a cabo la Cámara de Diputados sobre movimiento de recursos del Ejército por más de US$ 3 millones a favor de uno de los hijos de Pinochet.

Las tensiones se repetirían en el año 1993 con una nueva manifestación militar (el “boinazo”), y en 1995 a propósito del arresto del ex director de la DINA, Manuel Contreras. En la primera parte de la década se produjeron varios incidentes que mostraban el poder fáctico de los militares frente a autoridades civiles que o no contaban con los instrumentos legales para defender sus acciones o simplemente evitaron el conflicto con las fuerzas armadas. La transferencia de gobierno implicó aceptar que Pinochet sería un poder fáctico y se aprendió a convivir con él.

En marzo de 1998, Pinochet asumiría como senador vitalicio y unos meses después emprendería un viaje a Londres donde fue arrestado por orden de la Interpol en un caso que era llevado por la justicia española.

Aquella sui generis situación dio inicio a la erosión de su influencia en el contexto nacional, aunque las heridas y ataduras de la transición se mantendrían incólumes por un par de décadas más.

El arresto de Pinochet fue un hecho surreal que puso algo de adrenalina a una sociedad que se caracterizaba por su formalismo. Fue entonces que surgió el pasquín The Clinic que comenzó a reírse e ironizar sobre el mundo político. Fue entonces cuando se estableció una segunda mesa para abordar el tema de los detenidos desaparecidos. Fue en ese instante cuando la derecha comenzó a mostrar los primeros indicios de querer distanciarse del dictador.

Con la detención de Pinochet la gente volvió a las calles. Sus partidarios se instalaron en las afueras de la embajada de Inglaterra en Chile para mostrar su lealtad. Sus detractores levantaron (nuevamente) las pancartas de los derechos humanos. La fractura social de Chile seguía allí, mas viva que nunca.

Los poderes fácticos

La facticidad del poder se expresaba en que las grandes decisiones políticas dependían de actores extra institucionales que influenciaban de manera decisiva el tradicional devenir de la política. El concepto de los poderes fácticos fue acuñado por Andrés Allamand para referirse a la tríada de las fuerzas armadas, El Mercurio, y los empresarios que incidían decisivamente en las definiciones transcendentales de la emergente democracia. Estos últimos cumplieron un rol fundamental durante la transición y la posterior consolidación democrática.

El gobierno de Aylwin sabía que debía atender las grandes urgencias sociales de una sociedad donde cerca de la mitad de la población vivía bajo la línea de la pobreza. Para cumplir con las expectativas del cambio de gobierno se requerían recursos y el único modo de obtenerlos era mediante una reforma tributaria.

Mientras la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) resistió la medida, algunos dirigentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se mostraron más abiertos a considerarla. A nivel político, el ministro de Hacienda Alejandro Foxley consiguió el apoyo de los sectores más moderados de Renovación Nacional.

Tres meses después de inaugurado el gobierno, se alcanzó el primer y único acuerdo tributario de esa década, que incluyó un aumento de la renta a las empresas, un alza de los impuestos a los ingresos y el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 18%. El propio Presidente Aylwin no estaba muy feliz pues sabía que este último impuesto era regresivo y afectaba a todos los chilenos. Sin embargo, las autoridades del sector económico le plantearon que era el único modo de obtener recursos frescos sin entrar en un conflicto frontal con el empresariado. La realpolitik dominó esta decisión.

La segunda gran decisión se relacionaba con un diálogo con el mundo del trabajo que tampoco tardó en llegar. A dos meses de inaugurada la democracia se firmaba un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores para aumentar el salario mínimo. Después de este temprano acuerdo el mundo de los trabajadores se debilitaría y el sindicalismo se condenaría a la irrelevancia.

Cumplidos estos dos acuerdos —impuestos y salario mínimo— el futuro ciclo político no revestiría grandes incidentes. El modelo de desarrollo buscaría expandir las oportunidades de negocios de una economía principalmente extractivista, mientras las políticas sociales intentarían resolver las urgencias inmediatas focalizando sus esfuerzos en aquellos grupos sociales más vulnerables. Hasta el año 2008 se produciría uno de los ciclos macro-económicos más virtuosos del siglo XX, acompañado de políticas sociales muy eficientes que permitieron reducir sustantivamente los niveles de pobreza.

Si existe una característica que unifica a la década de los 90 es la consagración de una sociedad de consumidores. El sociólogo Tomás Moulián describiría el fenómeno con particular crudeza en Chile actual: Anatomía de un mito (1996). En este libro retrata a una sociedad donde los partidos se transformaron en empresas de empleo desideologizadas y un Chile actual donde “se combinan un mercado laboral flexible, con poderes sumamente acotados del sindicato enclaustrado al ámbito de la empresa y una masificación crediticia, que opera como la forma más eficiente de acercamiento al sueño del confort. El crédito, mucho más que el sindicato, aparece como el instrumento del progreso. En el Chile actual el individuo está por encima del grupo”.

Las calles se vaciaron

Desde el punto de vista institucional, las grandes decisiones transcurrían en los corredores del Palacio de La Moneda, los pasillos del Congreso Nacional, los cuarteles militares o alguna que otra oficina de empresarios preocupados por su próxima inversión.

Se trató de una década donde las calles se vaciaron de la acción política. Aquella alegría callejera del fin de la dictadura de pronto se encapsuló.

En los liceos y en los campus universitarios se iba a estudiar y no a hacer proselitismo político en torno a causas que los jóvenes consideraran relevantes. Las oficinas de los ministerios reemplazaban a las sedes partidarias para articular actividades y generar lo que ahora eran las políticas públicas. Las ONGs comenzaron a desaparecer o se hicieron funcionales a los requerimientos de algún ministerio.

El activismo social comenzó a revivir hacia fines de la década cuando, por una definición administrativa, se autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Ralco (1997).  La reactivación del movimiento mapuche fue una de las primeras manifestaciones de descontento con el modelo imperante en aquella década. En 1994, el académico Philip Oxhorn se preguntaba, precisamente, dónde había quedado toda aquella fuerza ciudadana que de pronto se desvaneció. Concluye en su trabajo que la dinámica partisana desde arriba y la posterior institucionalización de los partidos en el aparato estatal inhibieron que se mantuviera una sociedad civil vibrante en la post-transición. Aquello también sucedió con el movimiento de los derechos humanos y el de las mujeres.

En definitiva, la “democracia de los acuerdos” fue la expresión más recurrente de la década de los 90. Aquel consenso se sostuvo bajo un balance de poder forzado por los senadores designados y por una serie de reglas (los amarres) que inhibían la expresión de las mayorías. Las élites que arribaron al poder sabían que se trataría de una transferencia de gobierno pero no de poder, por lo que el único camino imaginado fue hacer las cosas “en la medida de lo posible”. Así, los consensos se verificaban aceptando las condiciones materiales y jurídicas heredadas de la dictadura. Dichas condiciones implicaban aceptar que el ex dictador seguiría siendo un poder de facto; admitir que los empresarios requerirían atención preferente; y diseñar un modelo que contuviera las expectativas sociales.

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