Durante la década de 1990, los debates y las alternativas políticas al interior de la comunidad mapuche se diversifican en respuesta a las acciones y omisiones de los gobiernos de la transición y a los giros de los movimientos indígenas del exterior. Lógicas internas y fenómenos internacionales se entreveran, alentando procesos que giran en torno a tres ejes de transformaciones en las relaciones entre el mundo mapuche y el Estado de Chile: reconocimiento constitucional, plurinacionalidad y control territorial.
Por Fernando Pairican
El reconocimiento constitucional se relaciona con políticas de carácter indigenista, las que, impulsadas por los gobiernos desarrollistas, avanzaron en reconocer una identidad nacional y fomentar la producción económica indígena. Se pensaba que el racismo podría ser superado con políticas de desarrollo económico y una identidad mestiza. No obstante, los casos de Bolivia, México, Perú e inclusive Chile bajo la Unidad Popular, demostraron que el indigenismo no permitía la evolución de los pueblos originarios e inclusive que la población no indígena perpetuaba el no reconocimiento a la identidad de aquellos. Fue uno de los intensos debates que se presentaron en la reunión de Barbados de 1971. Una síntesis de las discusiones políticas del movimiento indígena latinoamericano.
En 1977, cuando se produce la segunda reunión de Barbados, se discute en torno a las dificultades de las políticas desarrollistas a la hora de reducir la pobreza de los pueblos originarios y superar el racismo. Mientras los regímenes de excepción concluyeron que era fundamental privatizar el campo, que fue lo que impulsó la dictadura con el decreto de ley de 1979, otro pensamiento planteó la urgencia de crear políticas de afirmación identitaria a nivel de Estado. Bajo esa disyuntiva, a partir de la década de 1980, una segunda oleada de descolonización en países árabes y europeos (Irlanda, Escocia, Cataluña, Euskal Herria) había determinado el giro de la discusión en los movimientos indígenas: ¿reconfiguración de los Estados? ¿una propuesta de Estado? ¿comenzar a crear la autonomía desde las mismas comunidades indígenas?
Algo tuvieron en común todas estas discusiones, que concluyeron con el mismo diagnóstico: la continuidad de una situación de colonialidad que remitía al problema de la distribución del poder político. Revertir la colonialidad significaba avanzar en espacios de poder político. Ello podría realizarse fomentando el poder de las comunidades indígenas o politizando los espacios de trabajo en los cuales se desarrollaban los pueblos originarios. Esto último en específico en el mundo del trabajo sindical. Así se fueron entrelazando dos vertientes: la que proponía avanzar en una política de autodeterminación y la que se inclinaba por la reconfiguración de los Estados en un marco plural.
Con ese debate el movimiento mapuche comienza a articularse. Primero para revertir un decreto ley de 1979, que generó la división de las comunidades en propiedades individuales; luego para defender la cultura y las tradiciones mapuche frente a la implementación del modelo neoliberal que afectaba los últimos espacios de vida comunitaria mapuche; y, por último, para impulsar un proyecto de carácter histórico: la autodeterminación vía control territorial.
La lucha por la democracia fue acompañada en esos años por los miembros de Ad Mapu, organización que surge oficialmente en 1981. Aunque sus antecedentes se encuentran en 1978, esta organización debatió en su interior los tres caminos posibles para el pueblo mapuche: autodeterminación, reconocimiento constitucional y un Estado plural. De estas tres opciones, luchar por la transición democrática fue la primera prioridad y luego un reconocimiento constitucional acompañada de una institucionalidad que fomentara la identidad y protección indígena. Este fue uno de los acuerdos adquiridos por el entonces candidato Patricio Aylwin en Imperial en 1989 y que se materializó luego en la ley indígena de 1993.
Por distintas variables, los derechos políticos no se cumplieron. En consecuencia, un segmento del pueblo mapuche articulado en Ad Mapu tomó la decisión de desprenderse de la organización, conformando la Comisión Quinientos Años de Resistencia, que luego transitó a Aukin Wallmapu Ngulam. Esta última instancia propició la perspectiva de avanzar en el camino de la autodeterminación del pueblo mapuche; para ello, era clave reconstruirse como pueblo en lo que llamaron un camino a la descolonización como parte del principio de liberación nacional mapuche. Crearon una bandera, formaron tribunales y perpetuaron los parlamentos como forma de dialogo distintivamente mapuche.
Algunos de los miembros de Ad Mapu trabajaron a favor de la ley indígena promulgada en 1993. Mientras tanto, otros de sus miembros eligieron crear nuevos referentes. Algunos adhieren a Aukin Wallmapu Ngulam, otros conforman los esbozos de la Coordinadora Territorial Arauco que, hacia 1997, se divide en dos organizaciones: Identidad Territorial Lafkenche y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM). Ambas propician la reconfiguración del territorio en base al control territorial; la primera agrupación opta por construir un poder propio haciendo uso de la institucionalidad que ofrecían los municipios: esa experiencia concluye con la conquista del municipio de Tirúa por Adolfo Millabur; a su vez, la CAM apuesta por la recuperación de tierras, gestando la autonomía en la práctica. Dichos proyectos se alejan entre sí luego de la quema de camiones en Lumaco en 1997, hecho que marca un punto de inflexión, ya que entonces surge un movimiento gradualista a la autodeterminación (usa la institucionalidad para la conquista de la autonomía) y otro rupturista (hace uso de la violencia para acumular fuerzas para conquistar la autonomía). La CAM –aun en esbozo organizacional– resignifica este hecho como su acción fundante.
La construcción de la represa hidroeléctrica Ralco tensionó la ley indígena 19.253 de 1993 y fortaleció la vía rupturista a la autonomía. Un sector del movimiento mapuche, en efecto, dejó de creer en la institucionalidad. De ahora en adelante, las políticas propiciadas por los gobiernos fueron vistas de manera crítica por la juventud mapuche; este hecho constituye un antecedente importante para comprender la gestación de un movimiento que recurrió a la violencia política como medio para la autodeterminación. Solo faltaba la mecha que encendiera la pradera y eso sucedió en diciembre de 1997, cuando son incendiados los tres camiones en la localidad de Lumaco.
En paralelo, otra corriente, ante la ausencia de reconocimiento constitucional, se propuso crear una fuerza social para modificar la institucionalidad. El contexto internacional se mostraba a favor de una democratización a nivel global. Movimientos indígenas como los de México y Ecuador entraron de lleno en este debate. ¿Cómo transformar la institucionalidad? El concepto de interculturalidad, adoptado por las autoridades del Estado, fue uno de los más relevantes que se aplicó en el sistema educativo y en aspectos culturales. Una parte de la politización de la identidad no se puede comprender sin las políticas de afirmación identitaria propiciadas por los gobiernos postdictadura.
Las políticas de identidad que se desarrollaron desde el Estado, en el ámbito de la educación y la cultura, contribuyeron a la politización del mundo indígena. Una nueva generación mapuche comenzaba a conformarse bajo el reconocimiento identitario que fortaleció la dimensión política en torno a los derechos a la autonomía. Fundamental fueron dos hechos internacionales: el levantamiento del Ejército Guerrillero Tupak Katari y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ambas organizaciones sobrepasaron los límites impuestos por las políticas de reconocimiento en pos de conquistar derechos políticos; un sector de la juventud mapuche simpatizó con esas movilizaciones en un contexto de crítica al Quinto Centenario.
Y eso no fue todo. Para diversificar aún más el panorama, otra vía avanzaba en el seno del movimiento indígena: apostar por la institucionalidad y transformarla desde su interior. En efecto, el rol que cumplió la Confederación de Nacionalidades del Ecuador y el Movimiento de Acción al Socialismo en Bolivia, también contribuyó a la politización del movimiento mapuche. Al hacerlo, recuperaron la historia del movimiento institucional mapuche que surge en 1910 y concluye en 1960.
La primera etapa del movimiento mapuche permitió la llegada de diputados y ministros que intentaron transformar la institucionalidad desde adentro. Décadas después, una nueva generación retomó esa experiencia, instalando el debate sobre el concepto de plurinacionalidad como forma de Estado. Esta discusión se originó en la década de los 80 en el seno del movimiento indígena, específicamente en sus corrientes sindicales de países con alta demográfica indígena como Ecuador y Bolivia. El mundo mapuche se empapó de ese debate por medio de sus relaciones panindigenistas y de las comunidades en el exilio, tanto en países latinoamericanos como en Eurasia.
Hacia la década siguiente, con motivo del Quinto Centenario y de la insurrección katarista de 1992, las vías a la autonomía comenzaron a extenderse en el debate del movimiento mapuche. Adquirió relevancia la plurinacionalidad en Ecuador y luego en Bolivia. En el caso mapuche, Identidad Territorial Lafkenche, organización que surge a principios de los 90, comenzó a desarrollar esa estrategia desde el municipio de Tirúa, utilizado como laboratorio democrático luego de triunfar en las elecciones de 1996.
¿Por qué un laboratorio? Porque uno de sus principales dirigentes, Adolfo Millabur, aprendió a gobernar en un sentido plural y a comprender las formas en que funciona la política en Chile. Dichas experiencias, en definitiva comunitarias, llevaron a la proposición de normativas como la llamada ley Lafkenche (2008), que permite la creación de espacios costeros marinos de los pueblos originarios, innovación que permitió avanzar en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de la pluralidad de quienes conviven con el mar, como el mundo mapuche. Esta experiencia fue vital para comprender cómo funcionan las redes de poder y posteriormente contribuyó a las alianzas en el proceso constituyente de los años 2021 y 2022.
Las vías políticas mapuche se fueron construyendo en la práctica y en relación con los aciertos y desaciertos de los gobiernos postdictadura. En concreto, la ausencia de avances en los derechos colectivos que predominaban en el debate internacional incidió en las posturas de varios liderazgos mapuche. Dicho contexto propició el uso de la violencia política como instrumento, lo que repercutió, por una parte, en una mayor gravitación de las políticas de reconocimiento, y, por otra, en la renovada criminalización de la protesta mapuche que ha permitido la radicalización de su movimiento.
Esa disyuntiva se materializó en el proceso constituyente. ¿Liberación Nacional o Plurinacionalidad? Es el debate al interior del movimiento mapuche hoy.